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Escándalo en los servicios aéreos contraincendios

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Avialsa ya fue investigada en 2014 por presuntas irregularidades.

Avialsa ya fue investigada en 2014 por presuntas irregularidades.

Más de 20 detenidos en seis comunidades por amañar contratos

MADRID (RTVE.ES)- Más de veinte personas, entre ellos el ex director general valenciano de Interior Pedro Hidalgo y el ex alto cargo catalán de Interior X. Palmés, han sido detenidas en la operación policial de ámbito nacional relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios coordinada por un juzgado valenciano.

Así lo han avanzado a Efe fuentes de la Generalitat, que han añadido que el Gobierno valenciano encargó el pasado verano una auditoría sobre la compañía aérea INAER, con sede en Alicante, ante la sospecha de posible mala praxis en los contratos con la Administración.

El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, han resultado detenidos también dos mandos de los Bomberos de la Generalitat y un ex alto cargo de la conselleria de Interior, X. Palmés.

Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

En concreto, se investiga la supuesta concertación en la contratación de servicios de extinción de incendios forestales, como hidroaviones, material y naves, según las fuentes consultadas.

El juez investiga la contratación de medios aéreos para las campañas forestales de los cuerpos de Bomberos de varias comunidades autónomas a empresas como Avialsa T-35, investigada desde 2014 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por un contrato del año 2010 por valor de 22 millones de euros con la Generalitat valenciana.

El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Algunos de los registros se han producido en las sedes de bomberos de la Comunitat Valenciana o Cataluña, han informado fuentes cercanas al caso. Los registros han sido desarrollados por agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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